El principio de regularización íntegra es un pilar fundamental en el derecho tributario, consolidado a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Este principio exige que la Administración tributaria considere todos los elementos del tributo en sus actuaciones, tanto los que pueden perjudicar como beneficiar al contribuyente.
Este artículo explora cómo el Tribunal Supremo ha avanzado en la interpretación y aplicación de este principio en relación con la prescripción de los derechos de la Administración, especialmente en el contexto de las comprobaciones fiscales.
Fundamentos del Principio de Regularización Íntegra
El principio de regularización íntegra está vinculado al principio de justicia tributaria, que asegura que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de acuerdo con su capacidad económica, tal como establece el artículo 31.1 de la Constitución Española. Además, está alineado con los principios de eficacia, economía y proporcionalidad en la aplicación del derecho tributario, según el artículo 3.2 de la Ley General Tributaria (LGT).
La aplicación de este principio implica que la Administración debe considerar todos los elementos tributarios durante las actuaciones de comprobación e investigación, sin limitarse únicamente a aquellos que sean perjudiciales para el contribuyente.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha reafirmado la importancia de este principio en varias sentencias, incluyendo la Sentencia de 28 de febrero de 2023 (rec. núm. 4598/2021) y la Sentencia de 7 de junio de 2024 (rec. núm. 7974/2022). En esta última, el tribunal aborda un caso de regularización en el contexto de la prescripción de derechos de la Administración.
La cuestión central era determinar si la aplicación del principio de regularización íntegra permite la rectificación de liquidaciones de ejercicios prescritos en beneficio del contribuyente. El tribunal concluyó que, aunque la prescripción impide la rectificación de autoliquidaciones de ejercicios prescritos, la Administración puede realizar comprobaciones sobre estos ejercicios si afectan a ejercicios no prescritos que están siendo regularizados.
Aplicación del Principio en las Comprobaciones Fiscales
El artículo 115 de la LGT regula las potestades de comprobación e investigación de la Administración tributaria, permitiendo actuar sobre bases o cuotas pendientes de compensación o deducciones aplicadas en ejercicios no prescritos. Esto garantiza el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y evita situaciones de infraimposición o sobreimposición.
La Administración debe aplicar el principio de regularización íntegra, considerando tanto los ingresos como los gastos asociados a ejercicios prescritos si estos tienen impacto en ejercicios no prescritos. Esta obligación asegura que la regularización sea justa y equitativa para el contribuyente.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha clarificado que, en las actuaciones de regularización de ejercicios no prescritos que involucren elementos de ejercicios prescritos, la Administración debe aplicar el principio de regularización íntegra.
Este enfoque asegura que tanto los ingresos no computables como los conceptos no deducibles sean considerados, garantizando una tributación justa y equilibrada.
